lunes, 30 de agosto de 2010

RUGIDO DE LEON

La matanza de las 72 personas indocumentadas, que fueron ejecutadas en un rancho de San Fernando, Tamaulipas, porque no quisieron ser sicarios de “Los Zetas”, confirma que el crimen organizado está buscando por todos los medios infundir el terror entre la población, y además le mandan el mensaje al Presidente, Felipe Calderón Hinojosa, que sea el método que utilicen, cada día crecerán, sin importarles las edades de la gente a la que enrolen.
De acuerdo a las declaraciones de Luis Freddy Lala Pomadilla, el único sobreviviente en las ejecuciones, quienes accionaron sus armas de fuego contra las 72 personas Centroamericanas, fueron en su mayoría menores de edad, preocupando ello a las autoridades, porque los mafiosos se encuentran “dándole chamba” a los jóvenes, porque en caso de ser detenidos, serían juzgados conforme a la Ley de Menores, sin importar que el delito sea el homicidio, que es considerado como grave, y ya hay voces que exigen al gobierno federal, que a los autores de la masacre se les aplique la pena de muerte, para que sirva de escarmiento.
Fueron 58 hombres y 14 mujeres del Centro y Sudamérica a quienes les cortaron de tajo sus sueños de llegar a Estados Unidos en territorio mexicano. Gente inocente que buscaba una mejor forma de vivir y enviar dinero a sus familiares en los países donde los dejaron. Esto es más cruel de lo que les hacen a los connacionales en la Unión Americana. Todo mundo se queja de las agresiones a mexicanos, pero lo mismo que se les hace a los de nuestro país en el gabacho, se aplica con los ecuatorianos, guatemaltecos y salvadoreños.
Esta gente inmigrante es víctima de robo y abusos sexuales en territorio mexicano. Los agentes de las corporaciones policiacas los extorsionan o violan a las mujeres y, ahora, el crimen organizado los ejecuta porque no quieren ser sus sicarios. El gobierno federal, tiene la obligación de hacer justicia a los familiares de las víctimas y responder a las demandas de otros países que no quieren que estos crímenes queden impunes.
Ya la Procuraduría General de la República (PGR), atrajo el caso. Hay que esperar los resultados de las primeras investigaciones. Mientras, el Juez Primero Especializado otorgó una orden de arraigo por 40 días contra el presunto narcotraficante que fue detenido luego de los lamentables hechos que causaron el repudio de varios países que condenaron la masacre.
Eduardo Rico Pérez, es la pieza clave, y si la dependencia federal hace bien su trabajo, en los próximos días se estaría dando con el paradero de los sicarios que mataron a las 72 personas indocumentadas de Centro y Sudamérica.
También se debe investigar, cuántas personas sí han sido enroladas en el crimen organizado para no perder la vida. Porque este no ha de ser el único caso que hay en todo el país, porque el crimen organizado se encuentra desesperado porque les han pegado duro en los últimos meses y han estado perdiendo sicarios, por eso obligan a indocumentados a entrarle a la venta de enervantes o a convertirse en matones. Por eso se debe dar una exhaustiva investigación.
En este tenor, el padre Pedro Pantoja, quien es el responsable de la Casa del Migrante en Coahuila, sostuvo tajantemente: “Este hecho es sumamente cruel y condenable porque masacraron a los 72 migrantes los sicarios del crimen organizado quienes, como reses y a bordo de camionetas, trasladaron los cadáveres de los migrantes hasta depositarlos en la narcofosa”, y también exigió justicia a los deudos.
MIRADA DE LEON
En la ciudad de México, la vida de una persona es pagada con la fama de un padre rockero, además de 20 mil pesos. Estos fueron dos de los factores que lograron que Celia Eloísa Lora García, acusada de un homicidio imprudencial obtuviera su libertad y en su página de Twitter, hasta tuvo el descaro de invitar a sus amigas de reventón para “festejar” su libertad.
Así como a través de su cuenta de la página social invitó a sus amistades para irse de reventón, debería hacerlo todos los días que vaya a salir, para que quienes se quieran arriesgar a “vender” su vida por 20 mil pesos, pues que lo haga, quienes no, que se abstengan y se queden en su hogar. Las autoridades locales debieron subir la sentencia penal para que no alcanzara la libertad, pero en el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (TSJDF), ya se rumora que los magistrados pudieron haber recibido dinero por parte del rockero, Alejandro Lora.
“Me desconecto un ratito, tengo mucho que limpiar y ordenar antes de salir a celebrar con mi amada @PrisPomeroy besos a todos, fans queridos”; cómo ven, mató a una persona por andar bien peda y hasta habla de “fans”. No cabe duda que la corrupción en la ciudad de México, así como en el resto del país sigue siendo la que impera, y eso permite que gente que comete delitos graves, a cambio de fuertes cantidades de dinero los jueces les dejan en libertad. La esposa de Pedro Corona Avalos, lamentó que la persona que la dejó viuda y a sus hijos en la orfandad, con 20 mil pesos haya salido libre. Solamente faltó que al salir las autoridades del penal de Santa Martha le dijeran el tradicional: “usted disculpe”.
Las autoridades del gobierno del Distrito Federal, deberían retirarle su licencia de conducir, porque con eso de que le encanta la fiesta a Chelita, no vaya a ocasionar otra tragedia, aunque eso sí, ya sus padres y abogados saben el camino para que puedan sacarla de prisión, donde siempre contó con privilegios, claro, porque en las cárceles, sigue imperado la corrupción.
LA GARRA DE LEON
Pese a que bandas de delincuentes extorsionan y dirigen secuestros desde los reclusorios a cargo del GDF, el secretario de gobierno capitalino, José Angel Avila Pérez ya reconoció que no tiene para cuando iniciar la construcción de un penal de máxima seguridad que se planea instalar en la Delegación Tláhuac. Por ello, entonces seguirán delinquiendo desde la comodidad de sus celdas, sitio en el cual los custodios les brindan su protección, a cambio de que se les entregue una “lana” de lo sacado y así poderles dar libertades para que tengan celulares en prisión.
“Si bien la obra todavía no se ha podido comenzar, todo este tiempo hemos trabajado intensamente y sí hay avances importantes. Hubo ajustes al proyecto ejecutivo, se han hecho adecuaciones viales en la zona para que la construcción se realice sin problemas y se perfeccionaron los instrumentos financieros y administrativos para garantizar su viabilidad”, eso dijo en una entrevista
Pero lo que si es cierto, es que no se cuenta con el aval de los vecinos de la zona de Tláhuac donde se contempla construir el penal de “máxima seguridad”, lo que les traerá serios problemas, como el actual con habitantes de las delegaciones Alvaro Obregón y Magdalena Contreras que se ven afectados con los trabajos de la llamada Supervía.
Con esto de que no hay ningún avance, de nueva cuenta el jefe de gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard Casaubon quedará como un funcionario que incumple sus promesas, porque hay que recordar que en junio del año pasado, aseguró que “así llueva, truene o relampaguee” se construiría el penal de máxima seguridad el primero de septiembre, es decir en estos días, pero con el anuncio de José Angel Avila Pérez, todo parece indicar que su sueño de brindarle justicia a los capitalinos que son víctimas de extorsión y secuestro, será para otra ocasión.
Aunque no hay que descartar, que esto se comience a principios del año que entra, porque con la construcción de ese penal, Ebrard buscará poder ganar votos en la ciudad de México, porque sigue insistiendo en que será él quien abandere al PRD en las elecciones presidenciales del 2012.
Como es más importante su aspiración política, entonces los habitantes de la metrópoli tendrán que seguir pagando por llamadas de extorsión que salen desde el interior de las cárceles del Distrito Federal, en donde están revueltos, asesinos, violadores, narcotraficantes, extorsionadores y secuestradores, porque la verdad, los llamados bloqueadores de celulares, no sirven o son apagados por los directores para que sus reos “protegidos” sigan hablando por teléfonos móviles.