RUGIDO DE LEON

Ahora resulta que para muchos funcionarios de las fuerzas policiacas del gobierno del Distrito Federal desconocían que en el populoso barrio bravo de Tepito se alquilan armas a los delincuentes para que cometan sus fechorías. Pero si eso se viene haciendo desde hace varios años, no es novedad, con muchas de esas armas se ha matado a gente que se opone a ser despojados de sus pertenencias. Es más, también hay quienes se alquilan como matones. Sí, es decir si alguien le estorba, por una cantidad que va de los 5,000 pesos a los 25,000 (dependiendo de la víctima) ellos mismos hacen el trabajito.
Como el asunto es hacer algo de inmediato, el diputado local del Partido Acción Nacional, y presidente de la Comisión de Seguridad Pública de la Asamblea Legislativa, Carlos Alberto Flores, sostuvo que se trata de un tema para “alarmarse”, por lo que exigió a la SSP-DF que realice una investigación, pero el asunto es ver si lo harán, porque regularmente esas bandas de criminales son “protegidos” por elementos de esa corporación, así como por agentes locales y federales, lo que ocasionará que el reporte sea: “que es mentira las acusaciones” y la cosa quede ahí.

Lamentó que sean reporteros o habitantes de la zona los que conozcan el modus operandi de quienes alquilan armas y que las autoridades investigadoras no den con esos lugares. “Es un tema de inteligencia, de la Secretaría de Seguridad Pública capitalina, debe tener un mapeo, un diagnóstico de la zona”, y por ende proceder en contra de esas bandas de criminales.

Dijo que lo grave es que tienen de todo tipo de calibres, y hasta granadas de fragmentación que pueden ser utilizadas para sembrar el pánico entre la población. A la voz del legislador se unieron habitantes de Tepito que exigen al gobierno federal que haga algo y se realicen operativos que ayuden al decomiso de las armas que tiene en su poder el crimen organizado de este peligroso barrio donde se puede encontrar desde droga, hasta armas y matones a sueldo.
MIRADA DE LEON
Como si hubiera sido una gracia, el elemento de la Policía Federal que se agarró a tiros con elementos de la Policía Investigadora al confundirlos con delincuentes (¿Qué, acaso no los son?), Venancio de los Santos Gómez obtuvo su libertad, a pesar de que se demostró que una bala de su arma fue la que le cortó la vida al trabajador de la UNAM, Raúl Rojas. Muy campante salió de la agencia del Ministerio Público, donde al igual que los “judas” rindió su declaración sobre los hechos.
Todo sucedió porque al salir de un banco luego de retirar dinero, se percató que los elementos de la Policía Investigadora de la PGJDF lo seguían y los confundió con delincuentes, y como no hay mucha diferencia trató de evitar ser asaltado. Pero lo que no se sabe, es ¿Quién inició la balacera? Y tampoco que tipo de operativo estaban realizando los judiciales para andar en un vehículo que no es oficial. Hay muchas interrogantes, pero como siempre se trata de tapar los abusos de las corporaciones policiacas, pues en breve se van a sacar un “as de la manga” y la PGJDF posiblemente cubra a sus polis.

A Venancio se le acusó de homicidio culposo y obtuvo su libertad tras el pago de una fianza, ¿Esa es la justicia a la que tenía derecho la familia del ahora occiso? Claro que no, pero así se estila en México, con una lana y una mala integración de la averiguación previa deja lagunas legales que son utilizadas por los abogados de quienes cometan cualquier delito grave.

Tratando de dar una explicación, Luis Genaro Velásquez, subprocurador de averiguaciones previas desconcentradas de la Procuraduría capitalina afirmó que la bala que le quitó la vida al trabajador de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), fue de “rebote”, más claro, que según golpeó en algún objeto o pared y rebotó para luego alojarse en el tórax de Raúl Rojas, cuyo cuerpo recibió cristiana sepultura, y en medio de gritos de ¡justicia! Los familiares exigieron un castigo para los homicidas, pero ya el principal fue acusado de homicidio culposo, lo que le será benéfico, porque no pisará la cárcel.
LA GARRA DE LEON
Con una marcha a la Asamblea Legislativa y al Reclusorio Varonil Norte, representantes de vagoneros y pasilleros que ejercen el comercio informal en las instalaciones del Metro, adelantaron que más de 15,000 comerciantes el miércoles paralizarán las principales avenidas del Distrito Federal, porque la PGJDF sigue “fabricando” delincuentes, como es el caso de Alejandro Casabal.
Esto fue dado a conocer por uno de los organizadores de la marcha, Demetrio Torres, quien refirió que le van “a demostrar al juez octavo penal, Jesús Reyes Hernández, que no tiene pruebas en contra de nuestro compañero Alejandro Casabal, y que se sabe que es de es consigna, y como se quiere pasar por el arco del triunfo las leyes de esta ciudad, pues entonces nos va a tener que ver el próximo miércoles”.
Sostuvo que la marcha será para solicitar la libertad de Casabal quien aseguran es un preso político al ser un luchador social que con el apoyo de su gente y de vecinos del primer cuadro de la ciudad evitó se cerrará definitivamente el Hospital Juárez del Centro, además de que fue uno de los principales líderes que se pronunció en contra de la Ley de Cultura Cívica local.
“El asunto se está tornando político, y Alejandro Casabal siempre ha sido un luchador social, por eso no se toma en cuenta las pruebas de su inocencia. Vamos a denunciar ante los diputados de la Asamblea Legislativa al juez octavo penal, Jesús Reyes Hernández, y la marcha la haremos a las 8 de la mañana del mercado de La Merced a las calle de Allende y Donceles”, informó.
Aseguró que ya es una constante que en la PGJDF se sigan “fabricando” delincuentes y que prueba de ello, es que muchas mujeres se encuentran recluidas en los centros penales femeninos, “sólo por ser mujeres; a muchas de ellas también las defendió Casabal. Hay a quienes les molesta que sea un luchador social y esté luchando a favor de los capitalinos más necesitados”.
Dio a conocer que han sostenido reuniones con diputados de la ALDF, y que los representantes populares aseguraron que estarán al pendiente de ese caso, “y que de seguir las irregularidades entonces intervendrán, porque aseguraron que son varias las quejas que han sido presentadas en contra del juez octavo, Jesús Reyes Hernández, y reconocen que se trata de un juez de consigna”, reveló.
“No queremos que se intente acabar con las dirigencias de comerciantes del Metro, porque parece que esa es la consigna que tienen los jueces y el Procurador de la ciudad de México, Miguel Angel Mancera. Se debe evitar que se vuelva a repetir un caso como el de las indígenas Alberta Alcántara Juan y Teresa González Cornelio, que no fueron más que chivos expiatorios de la PGR y esto puede suceder ahora en el DF en el caso de Alejandro Casabal”.